Se acercan las elecciones y a los
politólogos se les acumula el trabajo. Disponen de toda la campaña
y precampaña electoral para estudiar la interacción de los
políticos con los votantes, toda vez que esta desaparece durante
cuatro años, en el mismo momento en que empieza la jornada de
reflexión. Ante la constatación del desequilibrio a la hora de
proponer nuevas ideas que sancionar a través de las urnas, que solo
son propuestas por los partidos y de forma muy vaga y general, me voy
a permitir la presentación de un programa que tendría la aprobación
de al menos un votante.
Propuestas:
- Transparencia democrática. Esta
debe ser la principal cláusula de toda democracia, la que permite
comprobar que los políticos cumplen con lo votado. Por definición,
cualquier menoscabo de la transparencia es usado para ocultar algo.
¿Qué es y a quién beneficia? Hace mucho tiempo que el "todo
para el pueblo pero sin el pueblo" nos condujo a donde estamos
ahora. La transparencia, traducida al lenguaje del presente, se debe
articular en forma de una dirección de Internet en la que los
ciudadanos puedan comprobar de forma clara y sencilla el destino y
procedencia del último céntimo que entra o sale de las arcas
públicas de todas las Administraciones. Y que, además de figurar
agregado de esta manera, cada órgano de la administración tenga un
apartado estandarizado del menú de su web con el mismo desglose del
dinero por él manejado. La licitación de concursos públicos, su
adjudicación y sus condiciones deben ser públicas y fáciles de
entender. Las propuestas presentadas deben ser públicas también. No
es necesario que desaparezca el BOE, pero es necesario superarlo.
Cualquier orden de cada uno de los
órganos de gobierno de las distintas Administraciones debe ser
pública. Incluso las órdenes dadas a la policía y a los
antidisturbios (siempre que no repercuta negativamente en su
operatividad). Es decir, deben estar al alcance de los ciudadanos al
menos a posteriori, para acotar las responsabilidades de lo que es
una orden política y una actuación espontánea de los policías. El
ciudadano tiene derecho a conocer los ingresos íntegros de los
políticos pagados por el Estado. Y más allá: todas las
declaraciones de impuestos deben ser públicas. Las de todos los
ciudadanos. Así se evitará el poner propiedades a nombre de
familiares y amigos para ocultar ingresos. El dinero aportado y
recibido por las Comunidades Autónomas y el Estado debe ser público
más allá de falsos honores mancillados. La ocultación nunca es una
solución democrática. Por definición: todo lo público debe ser
público.
- Internet está empezando a
permitir una mayor participación ciudadana. Debemos acostumbrarnos a
referendums consultivos en línea como manera de evitar la
manipulación de los deseos de los votantes.
- El derecho de autodeterminación
en lo colectivo es tan primordial como La libertad de expresión en
lo individual. Debe ser garantizado constitucionalmente y
desarrollado legalmente de una manera que no condicione todas y cada
una de las elecciones. El principio que debe regir este derecho es el
de mayoría absoluta. La contrapartida a esta concesión legítima,
debe ser la racionalización y perfecta conexión de todas las
competencias transferidas a las Administraciones periféricas. Me
estoy refiriendo concretamente a un avance en la estandarización;
que los datos de los usuarios viajen sin trabas de un ordenador a
otro de cualquier administración, que la fuidez no se vea
interrumpida por uso de programas informáticos diferentes e incluso
incompatibles. En definitiva, es necesaria una estandarización
rigurosa de impresos, modelos, aplicaciones y procedimientos. Este
proceso de estandarización no podrá entrar en conflicto con la
autonomía de las distintas administraciones en el ejercicio de sus
competencias. El otro gran objetivo debe ser evitar el solapamiento,
siempre ineficaz, del gasto público.
- El Estado de Derecho (y el de
bienestar, que viene a ser lo mismo en la práctica) debe
fundamentarse en dos pilares: la sanidad y la educación. Debe haber
una garantía de que estos sectores sean los últimos en sufrir
recortes en épocas de crisis. Y en caso de llegar estos, deben ser
de tal naturaleza que no afecten a los usuarios. Es lícito rebajar
algunos sueldos, como les ocurre a otros empleados públicos; pero
los recortes no pueden afectar a camas de hospitales, horas de
quirofano o plazas en las escuelas. La sanidad y la educación
universal debe incluir a los inmigrantes. La sanidad debe ser
garantizada por humanidad y la educación como medio de integrarlos
en una cultura y forma de vivir que pueden ser muy diferentes de la
suya. La educación debe ser integradora. No existe mejor método de
integración para un país que el que llega de ciudadanos agradecidos
por una atención sanitaria generosa y por una educación común que
supone para multitud de niños un primer contacto espontáneo y
natural con otras culturas. La educación universal va asociada
obligatoriamente a su gratuidad. No puede ser una excusa para
subvencionar a las editoriales, que obligan a comprar libros de texto
nuevos cada año. Deben ser pagados y controlados por el Estado. La
única forma de mejorar la sanidad pública es que los políticos
entren en sus listas de espera en el mismo orden que el ciudadano
común, pues ¿qué otra cosa son los políticos sino ciudadanos
comunes?
- Deuda pública. Para evitar la
falta de eficiencia intrínseca derivada de partidos políticos
incapaces de dejar pasar la oportunidad electoralista de dejar las
arcas vacías y un poco más, es bueno que un límite en el déficit
permanezca en la Constitución. La política presupuestaria debe
tender al superávit en los tiempos de bonanza. El superávit a
conseguir debe estar asociado al PIB y debe contemplar los momentos
anticíclicos en los que ese superávit debe ser empleado. El déficit
cero no se puede traducir en recortes del Estado del bienestar. Esta
limitación se puede superar mediante el aumento de los ingresos.
- Recortes en épocas de crisis. En
caso de que los recortes sean necesarios, pueden pasar por disminuir
los gastos de las televisiones públicas sin desmantelarlas. Dejar de
comprar producción ajena (series, películas o deportes) y centrarse
en la producción propia hasta mejores tiempos. Con la alusión a la
producción propia se descartan las compras a productoras privadas
españolas, y se pone énfasis en la programación basada en los
trabajadores, que ya cobran sueldos públicos.
Si los recortes deben llegar a Defensa,
no deberán afectar a la seguridad de las tropas españolas en el
extranjero, que deben contar con prioridad absoluta.
En educación la enseñanza de la
religión no tiene cabida. Los recortes presupuestarios deben incidir
en eliminar los sueldos de los profesores de religión. La libertad
religiosa está a salvo con las catequesis, las mezquitas o las
sinagogas. La libertad religiosa no puede implementarse en forma de
subvención encubierta (el sueldo de los profesores de religión).
En lo que se pueda, los recortes
presupuestarios en esta época de crisis deben compatibilizarse con
la especial atención a la creación de empleo, sin olvidar la
extrema presión de los mercados a la deuda pública española. La
principal causa de la búsqueda del déficit cero es quitarnos para
siempre la dependencia de los vaivenes de los mercados de deuda y
dejar de vivir por encima de nuestras posibilidades hipotecando el
futuro de los españoles que nazcan en el futuro, pues eso y no otra
cosa significa la deuda pública.
- La economía sumergida. Una
persecución constante y sistemática del fraude fiscal ayudará a
sanear el erario público. Una buena medida podría ser exigir una un
número de la Seguridad Social a la hora de abrir una cuenta
corriente.
- La redistribución de la riqueza
es la única forma de garantizar la paz social. Una persona con más
de 1.000 millones de patrimonio ya no usa su dinero para vivir mejor,
sino como medio de poder. El único poder légitimo de una democracia
es el emanado del pueblo y representado por las Cortes. Todo ello sin
menoscabar la iniciativa privada, tan necesaria para crear puestos de
trabajo. La redistribución de la riqueza es un principio
irrenunciable de la democracia y de la justicia social. Está por
encima de cualquier otra consideración. Una posible huida de
capitales derivada de la subida de los tipos impositivos a los
segmentos más altos se compensará con el cierre total de ayudas y
compensaciones a personas físicas o jurídicas (empresas) que no
tributen en España o que desvíen dinero hacia paraísos fiscales.
Que se corte hasta el más mínimo beneficio fiscal a toda empresa o
persona que disponga de cuentas en paraísos fiscales como medio de
evadir impuestos. Que no existan en esos casos deducciones de base
imponible, ni de cuota y que estas empresas paguen el máximo
efectivo del impuesto de sociedades, es decir, el 35% (que por otra
parte es el tipo único que nunca de paga). Se teme tanto al lobo,
que cuando un político enérgico le planta cara, se da cuenta de que
solo es un cachorrillo.
- Los bancos. Las entidadades
financieras, desde que son capaces de hacer quebrar la economía
entera de un país, deben estar sujetas a un férreo y efectivo
control gubernamental. Es de vital importancia impedir que un banco
adquiera tal tamaño que su quiebra suponga la quiebra de un país,
como pasó en Islandia. Se podría llegar a exigir que los bancos que
operen en España tengan una dimensión máxima. Que el Estado
garantice los depósitos bancarios de todas las entidades, nacionales
o extranjeras, que operen en España; pero no la de los bancos
españoles que operen en el extranjero. Un banco que especule con los
depósitos de los españoles es un banco que especula con un país
entero. Se puede llegar a exigir que las entidades financieras, a
partir de un determinado punto crítico, estén obligadas a
escindirse y a separar sus operaciones en el exterior de las que
realizan en España. A cambio, España garantizaría los depósitos
de bancos extranjeros en España. Solo de esta manera se puede
garantizar, sin dejar de ser justos, que una entidad financiera se
hipertrofie de tal manera que no se le pueda dejar quebrar sin poner
en riesgo al país entero. La democracia siempre admitirá que los
banqueros se presenten a las elecciones para revertir estos límites.
Sería bueno para la democracia, pues de esta manera se les podría
exigir responsabilidades.
- La función pública necesita una
reestructuración de arriba abajo empezado por poner en la cúspide
al ciudadano y sus necesidades. Se debe buscar la eficacia, la
dedicación completa durante la jornada laboral y una atención al
público impecable.
- El sistema educativo. El mérito y
la capacidad son más importantes que el amiguismo y el
corporativismo. Es imprescindible la elaboración de un baremo
objetivo que permita que la elección de los mejores docentes no
responda a criterios de amiguismo. No es aceptable que una persona
curse sus estudios en una universidad, ingrese en un departamento de
la misma para doctorarse, se doctore en la misma universidad y enseñe
al final ahí mismo, sin tener ningún bagaje más.
- La informatización de la justicia
es algo prioritario y uno de los medios de agilizarla. El movimiento
físico de papeles corresponde a usos y costumbres decimonónicos. La
política avanzó, la justicia se quedó estancada. Su modernización
requerirá una buena inyección de dinero. Pero, si se hace bien, nos
beneficiaremos de esa inyección puntual durante décadas.
- Los sueldos de los funcionarios
públicos, incluidos los políticos, deben estar asociados al salario
mínimo interprofesional. De esta manera se evita la facilidad con la
que se baja el SMI y se sube el sueldo de los políticos. Los grandes
sueldos de organismos públicos deben estar limitados.
- Las subvenciones son ineficientes
cuando distorsionan el mercado. Determinadas subvenciones a procesos
productivos al final solo suponen un derroche para el contribuyente.
Si un bien o servicio no es rentable, es hora de mirar para otro
lado, de avanzar en vez de gastar dinero público para perpetuar
actividades desfasadas. El subsidio de desempleo es imprescindible,
pero no puede ser el equivalente de unas vacaciones pagadas a las que
se tiene derecho por el mero hecho de haber cotizado. Esta
consideración solo conduce a aumentar las cuotas del resto de los
trabajadores. Subvenciones como las del cine, con cierto componente
de rédito político, son más que cuestionables. La cultura no puede
depender de las fiestas de los ayuntamientos. Ningún ayuntamiento
debería gastar dinero en contratación de grupos musicales. Se debe
dejar a la iniciativa privada. La cultura así entendida se acaba
convirtiendo en clientelar y desvirtuándose por lo tanto. La cultura
es rompedora, no agradecida con quien le da de comer. El dinero
público invertido en cultura es parte imprescindible del Estado de
bienestar, siempre que la relación Administración-cultura no se
convierta en clientelar. Es lícito invertir en instalaciones
deportivas, no en el equipo de fútbol del municipio; es lícito
invertir en auditorios, no en grupos musicales. Si un artista vive
del dinero público, debería replantearse su valía. Los
ayuntamientos emplearían mejor el dinero público facilitando
instalaciones a grupos incipientes para que puedan tocar gratis
mientras se dan a conocer y se abren camino, si valen. Contratar
directamente a artistas los domestica y los divide entre artistas de
izquierdas y de derechas. Esto al público no le interesa lo más
mínimo.
- Los obstáculos a la creación de
partidos políticos que se puedan presentar a las elecciones son
inaceptables y el ejemplo más patente de una casta que se ha
apropiado de las llaves que abren las puertas de la política. El
dinero a los partidos políticos solo debe ser en función de los
votos y después de su recuento, nunca por adelantado. Por razones
prácticas se pueden separar los caminos de acceso a la política.
Puede plantearse un camino con requisitos más altos que dé más
facilidades (envío de información electoral, principalmente, o la
gratuidad de las papeletas de los colegios electorales). Otro camino
menos exigente, que evite el derroche de dinero público, no
implicaría la necesidad del envío de los datos del censo y
dispondrían de una papeleta común en los colegios electorales en la
que el votante podría escribir el voto a mano (para no abusar de
burocracia). Por las mismas razones es aceptable que el acceso a los
medios de comunicación públicos solo afecte a los partidos más
representativos de las elecciones anteriores hasta un determinado
tanto por ciento de representación. Aparte de estos límites, todos
los partidos se presentarían en las mismas condiciones.