miércoles, 19 de octubre de 2011

El programa electoral de un ciudadano

Se acercan las elecciones y a los politólogos se les acumula el trabajo. Disponen de toda la campaña y precampaña electoral para estudiar la interacción de los políticos con los votantes, toda vez que esta desaparece durante cuatro años, en el mismo momento en que empieza la jornada de reflexión. Ante la constatación del desequilibrio a la hora de proponer nuevas ideas que sancionar a través de las urnas, que solo son propuestas por los partidos y de forma muy vaga y general, me voy a permitir la presentación de un programa que tendría la aprobación de al menos un votante.

Propuestas:

- Transparencia democrática. Esta debe ser la principal cláusula de toda democracia, la que permite comprobar que los políticos cumplen con lo votado. Por definición, cualquier menoscabo de la transparencia es usado para ocultar algo. ¿Qué es y a quién beneficia? Hace mucho tiempo que el "todo para el pueblo pero sin el pueblo" nos condujo a donde estamos ahora. La transparencia, traducida al lenguaje del presente, se debe articular en forma de una dirección de Internet en la que los ciudadanos puedan comprobar de forma clara y sencilla el destino y procedencia del último céntimo que entra o sale de las arcas públicas de todas las Administraciones. Y que, además de figurar agregado de esta manera, cada órgano de la administración tenga un apartado estandarizado del menú de su web con el mismo desglose del dinero por él manejado. La licitación de concursos públicos, su adjudicación y sus condiciones deben ser públicas y fáciles de entender. Las propuestas presentadas deben ser públicas también. No es necesario que desaparezca el BOE, pero es necesario superarlo.
Cualquier orden de cada uno de los órganos de gobierno de las distintas Administraciones debe ser pública. Incluso las órdenes dadas a la policía y a los antidisturbios (siempre que no repercuta negativamente en su operatividad). Es decir, deben estar al alcance de los ciudadanos al menos a posteriori, para acotar las responsabilidades de lo que es una orden política y una actuación espontánea de los policías. El ciudadano tiene derecho a conocer los ingresos íntegros de los políticos pagados por el Estado. Y más allá: todas las declaraciones de impuestos deben ser públicas. Las de todos los ciudadanos. Así se evitará el poner propiedades a nombre de familiares y amigos para ocultar ingresos. El dinero aportado y recibido por las Comunidades Autónomas y el Estado debe ser público más allá de falsos honores mancillados. La ocultación nunca es una solución democrática. Por definición: todo lo público debe ser público.

- Internet está empezando a permitir una mayor participación ciudadana. Debemos acostumbrarnos a referendums consultivos en línea como manera de evitar la manipulación de los deseos de los votantes.

- El derecho de autodeterminación en lo colectivo es tan primordial como La libertad de expresión en lo individual. Debe ser garantizado constitucionalmente y desarrollado legalmente de una manera que no condicione todas y cada una de las elecciones. El principio que debe regir este derecho es el de mayoría absoluta. La contrapartida a esta concesión legítima, debe ser la racionalización y perfecta conexión de todas las competencias transferidas a las Administraciones periféricas. Me estoy refiriendo concretamente a un avance en la estandarización; que los datos de los usuarios viajen sin trabas de un ordenador a otro de cualquier administración, que la fuidez no se vea interrumpida por uso de programas informáticos diferentes e incluso incompatibles. En definitiva, es necesaria una estandarización rigurosa de impresos, modelos, aplicaciones y procedimientos. Este proceso de estandarización no podrá entrar en conflicto con la autonomía de las distintas administraciones en el ejercicio de sus competencias. El otro gran objetivo debe ser evitar el solapamiento, siempre ineficaz, del gasto público.

- El Estado de Derecho (y el de bienestar, que viene a ser lo mismo en la práctica) debe fundamentarse en dos pilares: la sanidad y la educación. Debe haber una garantía de que estos sectores sean los últimos en sufrir recortes en épocas de crisis. Y en caso de llegar estos, deben ser de tal naturaleza que no afecten a los usuarios. Es lícito rebajar algunos sueldos, como les ocurre a otros empleados públicos; pero los recortes no pueden afectar a camas de hospitales, horas de quirofano o plazas en las escuelas. La sanidad y la educación universal debe incluir a los inmigrantes. La sanidad debe ser garantizada por humanidad y la educación como medio de integrarlos en una cultura y forma de vivir que pueden ser muy diferentes de la suya. La educación debe ser integradora. No existe mejor método de integración para un país que el que llega de ciudadanos agradecidos por una atención sanitaria generosa y por una educación común que supone para multitud de niños un primer contacto espontáneo y natural con otras culturas. La educación universal va asociada obligatoriamente a su gratuidad. No puede ser una excusa para subvencionar a las editoriales, que obligan a comprar libros de texto nuevos cada año. Deben ser pagados y controlados por el Estado. La única forma de mejorar la sanidad pública es que los políticos entren en sus listas de espera en el mismo orden que el ciudadano común, pues ¿qué otra cosa son los políticos sino ciudadanos comunes?

- Deuda pública. Para evitar la falta de eficiencia intrínseca derivada de partidos políticos incapaces de dejar pasar la oportunidad electoralista de dejar las arcas vacías y un poco más, es bueno que un límite en el déficit permanezca en la Constitución. La política presupuestaria debe tender al superávit en los tiempos de bonanza. El superávit a conseguir debe estar asociado al PIB y debe contemplar los momentos anticíclicos en los que ese superávit debe ser empleado. El déficit cero no se puede traducir en recortes del Estado del bienestar. Esta limitación se puede superar mediante el aumento de los ingresos.

- Recortes en épocas de crisis. En caso de que los recortes sean necesarios, pueden pasar por disminuir los gastos de las televisiones públicas sin desmantelarlas. Dejar de comprar producción ajena (series, películas o deportes) y centrarse en la producción propia hasta mejores tiempos. Con la alusión a la producción propia se descartan las compras a productoras privadas españolas, y se pone énfasis en la programación basada en los trabajadores, que ya cobran sueldos públicos.
Si los recortes deben llegar a Defensa, no deberán afectar a la seguridad de las tropas españolas en el extranjero, que deben contar con prioridad absoluta.
En educación la enseñanza de la religión no tiene cabida. Los recortes presupuestarios deben incidir en eliminar los sueldos de los profesores de religión. La libertad religiosa está a salvo con las catequesis, las mezquitas o las sinagogas. La libertad religiosa no puede implementarse en forma de subvención encubierta (el sueldo de los profesores de religión).
En lo que se pueda, los recortes presupuestarios en esta época de crisis deben compatibilizarse con la especial atención a la creación de empleo, sin olvidar la extrema presión de los mercados a la deuda pública española. La principal causa de la búsqueda del déficit cero es quitarnos para siempre la dependencia de los vaivenes de los mercados de deuda y dejar de vivir por encima de nuestras posibilidades hipotecando el futuro de los españoles que nazcan en el futuro, pues eso y no otra cosa significa la deuda pública.
- La economía sumergida. Una persecución constante y sistemática del fraude fiscal ayudará a sanear el erario público. Una buena medida podría ser exigir una un número de la Seguridad Social a la hora de abrir una cuenta corriente.

- La redistribución de la riqueza es la única forma de garantizar la paz social. Una persona con más de 1.000 millones de patrimonio ya no usa su dinero para vivir mejor, sino como medio de poder. El único poder légitimo de una democracia es el emanado del pueblo y representado por las Cortes. Todo ello sin menoscabar la iniciativa privada, tan necesaria para crear puestos de trabajo. La redistribución de la riqueza es un principio irrenunciable de la democracia y de la justicia social. Está por encima de cualquier otra consideración. Una posible huida de capitales derivada de la subida de los tipos impositivos a los segmentos más altos se compensará con el cierre total de ayudas y compensaciones a personas físicas o jurídicas (empresas) que no tributen en España o que desvíen dinero hacia paraísos fiscales. Que se corte hasta el más mínimo beneficio fiscal a toda empresa o persona que disponga de cuentas en paraísos fiscales como medio de evadir impuestos. Que no existan en esos casos deducciones de base imponible, ni de cuota y que estas empresas paguen el máximo efectivo del impuesto de sociedades, es decir, el 35% (que por otra parte es el tipo único que nunca de paga). Se teme tanto al lobo, que cuando un político enérgico le planta cara, se da cuenta de que solo es un cachorrillo.

- Los bancos. Las entidadades financieras, desde que son capaces de hacer quebrar la economía entera de un país, deben estar sujetas a un férreo y efectivo control gubernamental. Es de vital importancia impedir que un banco adquiera tal tamaño que su quiebra suponga la quiebra de un país, como pasó en Islandia. Se podría llegar a exigir que los bancos que operen en España tengan una dimensión máxima. Que el Estado garantice los depósitos bancarios de todas las entidades, nacionales o extranjeras, que operen en España; pero no la de los bancos españoles que operen en el extranjero. Un banco que especule con los depósitos de los españoles es un banco que especula con un país entero. Se puede llegar a exigir que las entidades financieras, a partir de un determinado punto crítico, estén obligadas a escindirse y a separar sus operaciones en el exterior de las que realizan en España. A cambio, España garantizaría los depósitos de bancos extranjeros en España. Solo de esta manera se puede garantizar, sin dejar de ser justos, que una entidad financiera se hipertrofie de tal manera que no se le pueda dejar quebrar sin poner en riesgo al país entero. La democracia siempre admitirá que los banqueros se presenten a las elecciones para revertir estos límites. Sería bueno para la democracia, pues de esta manera se les podría exigir responsabilidades.

- La función pública necesita una reestructuración de arriba abajo empezado por poner en la cúspide al ciudadano y sus necesidades. Se debe buscar la eficacia, la dedicación completa durante la jornada laboral y una atención al público impecable.

- El sistema educativo. El mérito y la capacidad son más importantes que el amiguismo y el corporativismo. Es imprescindible la elaboración de un baremo objetivo que permita que la elección de los mejores docentes no responda a criterios de amiguismo. No es aceptable que una persona curse sus estudios en una universidad, ingrese en un departamento de la misma para doctorarse, se doctore en la misma universidad y enseñe al final ahí mismo, sin tener ningún bagaje más.

- La informatización de la justicia es algo prioritario y uno de los medios de agilizarla. El movimiento físico de papeles corresponde a usos y costumbres decimonónicos. La política avanzó, la justicia se quedó estancada. Su modernización requerirá una buena inyección de dinero. Pero, si se hace bien, nos beneficiaremos de esa inyección puntual durante décadas.

- Los sueldos de los funcionarios públicos, incluidos los políticos, deben estar asociados al salario mínimo interprofesional. De esta manera se evita la facilidad con la que se baja el SMI y se sube el sueldo de los políticos. Los grandes sueldos de organismos públicos deben estar limitados.

- Las subvenciones son ineficientes cuando distorsionan el mercado. Determinadas subvenciones a procesos productivos al final solo suponen un derroche para el contribuyente. Si un bien o servicio no es rentable, es hora de mirar para otro lado, de avanzar en vez de gastar dinero público para perpetuar actividades desfasadas. El subsidio de desempleo es imprescindible, pero no puede ser el equivalente de unas vacaciones pagadas a las que se tiene derecho por el mero hecho de haber cotizado. Esta consideración solo conduce a aumentar las cuotas del resto de los trabajadores. Subvenciones como las del cine, con cierto componente de rédito político, son más que cuestionables. La cultura no puede depender de las fiestas de los ayuntamientos. Ningún ayuntamiento debería gastar dinero en contratación de grupos musicales. Se debe dejar a la iniciativa privada. La cultura así entendida se acaba convirtiendo en clientelar y desvirtuándose por lo tanto. La cultura es rompedora, no agradecida con quien le da de comer. El dinero público invertido en cultura es parte imprescindible del Estado de bienestar, siempre que la relación Administración-cultura no se convierta en clientelar. Es lícito invertir en instalaciones deportivas, no en el equipo de fútbol del municipio; es lícito invertir en auditorios, no en grupos musicales. Si un artista vive del dinero público, debería replantearse su valía. Los ayuntamientos emplearían mejor el dinero público facilitando instalaciones a grupos incipientes para que puedan tocar gratis mientras se dan a conocer y se abren camino, si valen. Contratar directamente a artistas los domestica y los divide entre artistas de izquierdas y de derechas. Esto al público no le interesa lo más mínimo.

- Los obstáculos a la creación de partidos políticos que se puedan presentar a las elecciones son inaceptables y el ejemplo más patente de una casta que se ha apropiado de las llaves que abren las puertas de la política. El dinero a los partidos políticos solo debe ser en función de los votos y después de su recuento, nunca por adelantado. Por razones prácticas se pueden separar los caminos de acceso a la política. Puede plantearse un camino con requisitos más altos que dé más facilidades (envío de información electoral, principalmente, o la gratuidad de las papeletas de los colegios electorales). Otro camino menos exigente, que evite el derroche de dinero público, no implicaría la necesidad del envío de los datos del censo y dispondrían de una papeleta común en los colegios electorales en la que el votante podría escribir el voto a mano (para no abusar de burocracia). Por las mismas razones es aceptable que el acceso a los medios de comunicación públicos solo afecte a los partidos más representativos de las elecciones anteriores hasta un determinado tanto por ciento de representación. Aparte de estos límites, todos los partidos se presentarían en las mismas condiciones.